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Humana denuncia que el borrador del Real Decreto sobre residuos textiles amenaza la sostenibilidad del sector
20-08-2025
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles que "genera incoherencias normativas, está alejado de la realidad operativa del sector y aumenta la incertidumbre jurídica ya existente". Así lo denunciamos desde Humana, entidad pionera en el sector con 38 años de trayectoria, preocupados por un texto cuyo objetivo es regular un sector complejo.
Humana insiste en que este proyecto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre, “lejos de clarificar el marco normativo, deja más dudas que certezas, introduce figuras confusas y otorga un poder excesivo a los productores, sin garantizar transparencia ni supervisión efectiva de sus decisiones”, en palabras del director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad, Rafael Mas.
La gestión del textil usado vive un momento clave. La Ley 7/2022 del 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular incluye dos grandes novedades para 2025: la primera es la obligatoriedad de la recogida selectiva del residuo textil en todos los municipios de la UE (en vigor desde el 1 de enero); la segunda, es la creación de la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que exige a los productores (fabricantes e importadores) asumir la responsabilidad del ciclo de vida completo de sus productos y apoyar la gestión sostenible de los residuos textiles.
Como sucede en el ámbito de los envases o los electrodomésticos, los productores textiles tienen que contribuir al sistema con una cantidad económica por cada prenda que pongan en el mercado, para asumir los gastos de la gestión de la recogida selectiva. En principio, este RAP debería haber estado vigente desde el pasado mes de abril; sin embargo, el MITECO aún debate cómo funcionará el RAP.
En este contexto, el ministerio ha elaborado un proyecto de Real Decreto para la gestión de los residuos textiles, cuyo contenido dibuja las atribuciones del RAP y determina otros aspectos claves para el sector.
Preocupación extrema
“Nos preocupa profundamente la discrecionalidad otorgada al sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), que pasará a tener poder estratégico sobre un mercado que ya funciona”, denuncia el director de Proyectos y Relaciones Externas, que añade: “El proyecto que propone el ministerio adolece de mecanismos de control y transparencia sobre la actuación del RAP, dejando en sus manos decisiones clave como la contratación, los criterios de selección y el destino final del residuo, sin garantías de supervisión pública”. “El resultado será un modelo desequilibrado, muchísimo más caro, menos eficiente, e incluso alejado de las buenas prácticas ambientales”, afirma.
Actualmente, la gestión del residuo textil es competencia municipal y se lleva a cabo por gestores autorizados conforme a la Ley 7/2022. La propuesta del Real Decreto, sin embargo, debilita esta estructura mediante la introducción de una figura hasta ahora inexistente, la del ‘operador de reutilización’. “Estamos en contra de esta nueva figura, que no está prevista legalmente. Carece de definición técnica o control público, y amenaza con socavar el rigor del sistema y facilitar prácticas sin trazabilidad. Solo los gestores debemos gestionar los residuos textiles, que solo se deben tratar en plantas de clasificación autorizadas”, indica Rafael Mas.
Prevención de residuos
El texto resulta poco ambicioso en materia de prevención y reducción de residuos, y no menciona la reutilización global como vía válida para el tratamiento jerárquico de los residuos textiles. “Obviar la reutilización internacional, que actualmente es la única opción viable a escala, contradice frontalmente la jerarquía de residuos de la UE, que obliga a priorizar la reutilización por encima del reciclaje y de otros tratamientos”, subraya.
Asimismo, el proyecto del Real Decreto sobre la gestión de residuos textiles incorpora una definición redundante y tardía de las entidades de la economía social, pese a estar ya recogida en la Ley 5/2011 de Economía Social. “Lejos de aportar claridad, esta maniobra normativa parece responder a una intención compensatoria, que no resuelve ni de lejos los desequilibrios estructurales generados por la Ley 7/2022. Este tipo de intervenciones terminológicas no corrigen el fondo del problema. Las entidades que gestionamos residuos, sean del tipo que sean, deben estar sujetas al mismo marco legal, sin privilegios ni atajos”, subraya Mas.
“El resultado es un modelo normativo asimétrico que penaliza a operadores como Humana, que desde hace casi cuatro décadas trabaja de un modo serio, con criterios ambientales y vocación social, al tiempo que abre la puerta a prácticas menos exigentes bajo el pretexto de la economía social”, concluye, “se está construyendo un sistema que ignora la experiencia de los actores existentes, desequilibra lo que ya funciona en el mercado y debilita los principios fundamentales de la gestión de residuos en España”.
Humana insta al MITECO a revisar a fondo el borrador, reforzando su coherencia legal, su ambición ambiental y su compromiso con la economía circular, evitando crear un sistema que favorezca intereses particulares frente al interés general.
Consulta nuestro documento de posicionamiento aquí.
