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Por un fin social de la ropa usada

01-06-2015

Cuatro de cada cinco prendas que se desechan en España van a parar a un vertedero; del resto, buena parte se mercantiliza por parte de muchos ayuntamientos.

La ropa usada que desechamos es un activo, que debidamente gestionado, se convierte en motor de progreso en España y de generador de fondos para la cooperación al desarrollo en el hemisferio Sur.

En la actualidad, sólo una de cada cinco prendas que los españoles ya no queremos tiene una segunda vida. En lugar de acabar en un vertedero, como el resto, es recogida por una entidad especializada en reciclaje y reutilización textil, para valorizarla y, con ello, generar recursos.

La gestión de ropa usada no es un fenómeno reciente. Tras la segunda guerra mundial, entidades como el Ejército de Salvación comenzaron a recoger ropa usada para darle un fin social.

En España, durante décadas entidades de carácter social han basado su fuente de recursos en la gestión de ropa usada, bien distribuyéndola de modo gratuito entre personas en dificultades, bien vendiéndola en tiendas de segunda mano para lograr fondos para sus proyectos sociales.

Si bien al principio estas entidades contaban con recursos modestos para la recogida y gestión del textil, con el paso de los años y el apoyo de ciudadanos y ayuntamientos, se consolidaron como entidades con una notable capacidad para llevar a cabo todo tipo de proyectos sociales gracias a los recursos generados con el textil usado.

Estas entidades, además, ofrecían una ventaja añadida: gestionaban de modo gratuito para los contribuyentes un residuo, el textil, a pesar de que la recogida y tratamiento del resto de residuos sí grava al ciudadano.

Avalados por convenios de colaboración con los respectivos ayuntamientos, las entidades de índole social han impulsado con la reutilización textil la protección del medio ambiente. La profesionalización del sector provocó que algunos consistorios decidieran sacar a concurso público la gestión del textil, lo que le dotaba de mayor transparencia.

Hace alrededor de cuatro años, algunos ayuntamientos descubrieron que la gestión del textil no sólo era gratuita para las arcas municipales, sino que podría convertirse en fuente de ingresos. Por ello, los concursos que convocaron a partir de ese momento incluyeron cláusulas económicas, basadas en un canon fijo por contenedor o en una cantidad por kilo recogido. Ello ha supuesto un descenso de los recursos obtenidos por las entidades sociales para sus programas sociales.

La concurrencia a estos concursos de empresas con escasa experiencia en recuperación textil pero con el músculo financiero suficiente, ha disparado las cantidades económicas que los concursos establecen, convirtiendo este aspecto en el de mayor peso, por encima de la capacidad técnica y los fines sociales de las entidades concurrentes. La mercantilización abusiva de algunos ayuntamientos supone un engaño para el ciudadano, que presupone un destino social de la ropa que está donando.

Todo ello en un contexto en el que prosigue la reducción de los fondos de AOD, -el tan famoso 0,7% se ha convertido en poco más que una utopía a día de hoy- y de ayuda social a colectivos en dificultades en España, y en el que ahora se limitan aún más los recursos que entidades de marcado acento social son capaces de generar con su actividad.

Si la tendencia se mantiene, en pocos años las entidades sociales reducirán su actividad y, con ello, su capacidad de apoyar a personas en dificultades, aquí o en otros países. Algunas, incluso, desaparecerán y el resto verán mermadas su capacidad de generación de puestos de trabajo en España.

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